Han pasado 12 años y 332 iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo se han presentado en el Congreso de la Unión. Nada se ha dictaminado. Y mientras tanto, nuestro país pierde espacios en el índice global de competitividad (lugar número 60 de 133 naciones), según el Foro Económico Mundial. El pilar de la Eficiencia del Mercado Laboral es el peor de los 12 que componen ese índice al ubicarnos en la posición número 115.

La ley vigente entró en vigor el 1 de mayo de 1970, siendo presidente de México Gustavo Díaz Ordaz. Era entonces un país muy distinto al que hoy tenemos. No había tratados de libre comercio; la población económicamente activa no llegaba a 14 millones de personas; la palabra competitividad ni siquiera se conocía; había un solo partido político que dominaba la escena y se confundía la estabilidad en el trabajo, la solidez y alianza de las centrales obreras con la desconfianza hacia el sector empresarial en una ley más tutelar que promotora.

El diagnóstico habla hoy de la urgente necesidad de cambiar las cosas en el mercado laboral: tasa de desocupación para los jóvenes del doble de la general en razón de caer en el círculo vicioso de no ser contratados por falta de experiencia, y no adquirir esa experiencia exigida por falta de oportunidades que no se ofrecen por la incertidumbre que representa una contratación a ciegas acompañada de un pasivo laboral que puede crecer artificialmente mediante juicios prolongados; creación de empleos por debajo de las necesidades anuales del mercado; salario promedio de 7 mil 210 pesos mensuales; 54% de los ocupados en el país, sin seguridad social ni prestaciones; fuerza laboral de las mujeres de apenas 38% y salario promedio inferior en un 10% respecto del de los hombres por trabajo igual; más de un millón de niños trabajando por debajo de la edad mínima que establece la Constitución; escasa cultura de la productividad laboral; bono demográfico a punto de entrar en etapa decreciente; discriminación y maltrato hacia grupos vulnerables; jornaleros agrícolas en condiciones precarias; mecanismos de tercerización que se prestan para la simulación; rezago alarmante en justicia laboral; opacidad en la vida interna de los sindicatos y escasa libertad, información y derechos plenos para los trabajadores; abuso en el ejercicio de huelgas en detrimento de las mayorías y, en fin, multas ridículas que sólo propician el incumplimiento de la ley.

Por eso es que, acertadamente, las fracciones parlamentarias de mi partido, el Partido Acción Nacional, presentaron una iniciativa que busca una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, a partir de 419 cambios a un texto de más de mil artículos. Se trata de una propuesta para lograr la reforma necesaria y no sólo la posible. Para ello, se tomó en cuenta a las 332 iniciativas anteriores y se recogió, generosamente, el análisis y planteamientos de la dependencia a mi cargo. Por cierto, del total de esas 332 iniciativas previas, el PRI contribuyó con 97, el PAN con 87 y, el PRD, con 76 más.

Falso es el precipitado y desinformado argumento de que con la reforma laboral se retrocede en los derechos y conquistas de los trabajadores. Como punto de partida, el artículo 123 constitucional quedaría intacto. Este contiene las condiciones generales de trabajo, de previsión social y los derechos fundamentales, individuales y colectivos, que mínimamente se deben ofrecer al trabajador en nuestro país.

Lo que en realidad busca la reforma laboral es facilitar el acceso al mercado formal de trabajo con nuevas modalidades de ingreso como lo son el contrato a prueba, con capacitación inicial o de temporada (todas las cuales se darían con goce de salario, prestaciones y seguridad social); aumentar la productividad en el trabajo a partir de la capacitación, la multihabilidad y fórmulas equitativas de distribución para mejorar el salario de los trabajadores; facilitar el acceso y precisar el respeto a grupos vulnerables en el empleo; dar igualdad de derechos a las mujeres respecto de los hombres y facilitar su responsabilidad familiar con un trato digno en el trabajo; tipificar como delito la explotación infantil; acabar con huelgas eternas y con juicios artificialmente prolongados; permitir que todos los trabajadores gocen del crédito Fonacot y no sólo cuando el patrón se afilie al sistema; asegurar que los trabajadores decidan por voto secreto sobre la titularidad de sus contratos colectivos y la elección de su directiva; no obligar a los patrones a retener las cuotas sindicales; eliminar la inmoral cláusula de exclusión por separación; publicar los contratos colectivos y los registros sindicales en internet; modernizar el sistema de impartición de justicia laboral; fortalecer la inspección en el trabajo; aumentar sensiblemente el monto de sanciones por incumplimiento a la ley y, en general, corregir las contradicciones, deficiencias e insuficiencias de la legislación vigente.

Con la reforma laboral, como está planteada, nuestro país avanzaría entre 20 y 25 lugares en el índice mundial de eficiencia en el mercado laboral, según el análisis conjunto del Banco de México, Instituto Mexicano para la Competitividad, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización Internacional del Trabajo, en coordinación con el gobierno federal.

Como toda iniciativa, la nuestra es susceptible de ser enriquecida, adicionada o modificada durante su análisis, discusión y dictaminación. Lo que no se vale, porque el país no lo merece, es negarse a la posibilidad y al deber de transformar a México con las reformas estructurales que, como la laboral, buscan dar oportunidades de desarrollo y bienestar a la gente, particularmente a los jóvenes, a las mujeres y a los grupos vulnerables.