• COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER

Lic. Patricia Espinosa Torres

En México, a pesar de los avances logrados, reducir los niveles de pobreza y exclusión social que tienen lugar en el ámbito laboral, se presenta como uno de los mayores desafíos. El mercado de trabajo cumple un papel importante en la reproducción de la desigualdad y la exclusión social, y también puede contribuir en la construcción de sociedades más equitativas.

El ingreso masivo y acelerado de las mujeres a la actividad económica, ha trastocado todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, no ha sido comprendido de manera integral como un fenómeno con impacto nacional en lo social, cultural y económico, que afecta las relaciones familiares de mujeres y hombres.

La inclusión laboral de las mujeres ha sido parcial por la falta de equilibrio en las responsabilidades familiares. Las políticas para la igualdad laboral se han enfocado en el incremento de la participación de las mujeres en la esfera pública, en flexibilizar horarios y prestaciones para las madres trabajadoras, sin considerar el compromiso efectivo de los hombres en el ámbito privado.

Estas políticas limitan la contribución económica de las mujeres, al reproducir la división sexual del trabajo y perpetuar la carga en las responsabilidades familiares; lo que afecta la igualdad de oportunidades en el empleo, el equilibrio social, el entorno familiar, la productividad empresarial y la calidad de vida.

De ahí, la urgencia de promover acciones integrales que permitan conciliar las esferas pública y privada; fomentar una cultura laboral más equitativa y humana, congruente con las necesidades y responsabilidades familiares de trabajadores.

En México, la participación económica femenina se duplicó en 40 años, de 17 a 38%. La brecha actual entre la fuerza laboral femenina y masculina es de 25%, y la percepción salarial promedio es casi 10% inferior por hora que la recibida por los hombres en un trabajo de igual valor.

Según el Índice Global de Competitividad, México ocupa el lugar 115 de 134 países respecto a la participación femenina en la fuerza laboral, constituyendo uno de los principales rezagos en términos de eficiencia del mercado laboral para mejorar la competitividad del país .

Variables como el estado civil, el número de hijos y el tiempo dedicado al trabajo doméstico y al cuidado familiar, generan conflictos para conciliar la vida familiar y laboral, porque limitan a las mujeres tanto en su acceso como en su movilidad y permanencia en el empleo. Sin embargo, para los hombres estas variables se constituyen como “sinónimo de estabilidad y responsabilidad”.

Aproximadamente, tres de cada diez mujeres tienen empleos informales que no cumplen con la normatividad laboral en términos de contratos, impuestos y previsión social, lo que limita aún más sus posibilidades de conciliar su vida familiar y laboral.

Para contrarrestar la desigualdad de género, el Estado mexicano ha fortalecido el marco legal y el institucional, con el fin de erradicar la discriminación y la exclusión que afectan, principalmente a las mujeres y a grupos sociales específicos, con nuevas leyes como La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala, entre otros aspectos, que todas las mujeres disfrutan de los mismos derechos y obligaciones que los hombres trabajadores; protege las condiciones de trabajo de las mujeres embarazadas; establece la licencia de maternidad y permisos de lactancia; la prestación de guarderías infantiles, así como sanciones por incumplimiento de la ley.

Sin embargo, todavía falta adecuar el marco laboral a las necesidades actuales de las madres y padres trabajadores. Por ello, los legisladores han presentado diversas iniciativas en materia de conciliación vida-trabajo, en las cuales se destaca:

• Incorporar el principio de no discriminación con las sanciones correspondientes.
• Prohibir el examen de no embarazo como requisito de ingreso.
• Establecer licencias para madres y padres trabajadores por adopción y otras causas.
• Prohibir el acoso laboral por maternidad, cambio de estado civil o tener bajo cuidado a familiares dependientes.
• Incrementar las sanciones a quienes incumplan la normatividad que regula la protección de las responsabilidades familiares de trabajadoras.
• Sancionar de manera económica al patrón que incurra en actos de hostigamiento sexual en contra de sus trabajadoras.

El Gobierno de México, durante los últimos diez años, ha institucionalizado su compromiso con la igualdad de género a través de la creación de organismos, el impulso de políticas públicas de impacto y una mayor asignación del gasto social. Por ello, el Presidente Felipe Calderón ha dispuesto, en el marco del desarrollo humano sustentable, estrategias orientadas a generar políticas de igualdad de oportunidades y de acción positiva, como:

• El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que busca impulsar la igualdad en la remuneración y en las condiciones de trabajo; reducir la brecha ocupacional y en puestos de mando por razones de sexo; crear incentivos que incrementen la participación de las mujeres en la economía; y promover prácticas de conciliación vida - trabajo.

• El Programa Oportunidades, promueve la equidad de género y medidas compensatorias para que las mujeres tomen mejores decisiones a lo largo de su vida. Las beneficiarias reciben apoyos económicos para alimentación y proyectos productivos; becas educativas mayores que los hombres; y capacitación sobre nutrición y salud reproductiva. El Programa Oportunidades atiende a casi 20% de las 5 millones de familias del país. El monto promedio mensual de transferencia por familia es de 65 dólares.

• El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, brinda a los padres solos y a las madres trabajadoras con menores ingresos, un espacio seguro para el cuidado de sus hijos con un monto mensual de 70 dólares por niño de 1 a 4 años. Asimismo, genera ingresos, empleo y otorga capacitación a las mujeres que abren una estancia infantil; y facilita a madres y padres la búsqueda y colocación en un empleo.

El Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, promueve la Política para la Igualdad Laboral, con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos laborales entre mujeres y hombres, al tiempo de evitar la discriminación de la población que requiere atención especial para su inclusión laboral.

Entre las acciones de esta Política destacan los modelos de inclusión e igualdad laboral que las empresas e instituciones públicas incorporan en sus procesos y relaciones laborales, y por los cuales el Gobierno Mexicano les otorga un reconocimiento, como:

• El Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” sensibiliza e impulsa la participación de las empresas en la generación de oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, adultas mayores y que viven con VIH/Sida. Con este distintivo han sido reconocidas más de 400 empresas de todo el país, en beneficio de casi 5000 trabajadores.

• El Distintivo Empresa Familiarmente Responsable promueve acciones que favorecen la conciliación vida–trabajo, la equidad de género, y el combate a la violencia y discriminación laborales. Con este reconocimiento, se ha distinguido a 125 empresas, en beneficio de 140 mil empleados.

• También el Modelo de Equidad de Género reconoce las prácticas de corresponsabilidad familia-trabajo, equidad de género y combate a la violencia laboral y el hostigamiento sexual. El INMUJERES ha otorgado el Distintivo a 177 organizaciones y empresas.

Como mejores prácticas de conciliación vida-trabajo por parte de las empresas que han recibido estos Distintivos, resaltan entre otras:
• Permisos a padres por paternidad, cuidado de los hijos.
• Horarios flexibles o especiales.
• Beneficios por matrimonio o adopción.
• Equidad en guarderías para padres.
• Respeto a la jornada de trabajo y al tiempo de vida personal y familiar.
• Convenios con guarderías y escuelas cercanas a los centros de trabajo.
• Servicios especiales para atender actividades domésticas.
• Actividades recreativas familiares.
• Difusión de prestaciones por paternidad y maternidad.

Con la experiencia de estos modelos de gestión, la Secretaría del Trabajo creó la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, instrumento jurídico único en su género en América Latina, que certifica a empresas e instituciones públicas por establecer reglas y prácticas de:
• Igualdad y no discriminación en sus documentos básicos; en reclutamiento, selección y promoción del personal; y por salarios, y compensaciones por trabajo de igual valor.
• Cobertura de previsión social, formación y capacitación.
• Conciliación entre vida personal, familiar y laboral.
• Buen clima laboral, libre de violencia y discriminación laborales.
• Espacios y mobiliario adecuados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas.
• Libertad de asociación y autonomía sindical.

La Norma constituye un medio significativo para transitar de una igualdad en los derechos a una igualdad en los hechos.

Alcanzar la inclusión laboral en igualdad de oportunidades y de trato requiere, en el corto plazo, de políticas públicas dirigidas a resolver disparidades; y en el largo plazo, conseguir un efectivo cambio cultural que derive en una sociedad democrática con responsabilidades equitativas para mujeres y hombres, en las esferas pública y privada.

La coyuntura de los mercados financieros internacionales que han deteriorado significativamente las perspectivas del crecimiento económico global, nos demanda hoy atender las condiciones de las mujeres.

A diferencia de lo que ocurría hace una década, México cuenta con bases económicas sólidas y un entorno social y político favorable, para convertir la adversidad económica en oportunidades de desarrollo para las mujeres, al reconocer su contribución a la economía desde el trabajo reproductivo y productivo.

Avanzar en los retos que enfrenta el país, implica:
• Consolidar la tranversalización de la perspectiva de género y de derechos humanos en la función pública.
• Concretar la reforma laboral sobre responsabilidades familiares.
• Fortalecer los contenidos de los programas educativos, culturales y de comunicación masiva para erradicar los estereotipos de género.
• Promover el trabajo tripartito y la suma de esfuerzos en favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
• Disminuir las brechas salariales y de participación económica entre mujeres y hombres para su independencia económica y empoderamiento.
• Proveer los bienes y servicios públicos que posibilitan la inclusión plena de mujeres y hombres trabajadores con responsabilidades familiares.
• Generar condiciones de acceso, promoción y permanencia en el trabajo.
• Fomentar un ambiente laboral que fomente la colaboración y el compromiso.

El desarrollo pleno de la democracia sólo será integral si conseguimos eliminar la discriminación que ha dado origen a una relación desigual entre mujeres y hombres en todos los ámbitos sociales, tal como nos comprometimos todos los países en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Sumemos esfuerzos para que la conciliación entre lo público y lo privado deje de ser un anhelo, para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres deje de ser un ideal.

• COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER