Agradezco la invitación que me fue formulada por el H. Congreso de la Unión para participar en este Foro. Saludo con respeto institucional y con afecto personal a las señoras y señores Senadores y Diputados aquí presentes y a quienes me acompañan en este panel.

Parto de la base de que la coyuntura económica actual constituye una oportunidad formidable para que los mexicanos encontremos, en la unidad, soluciones a nuestros problemas comunes. No la desaprovechemos.

Hoy debemos distinguir, en la atención de esos problemas comunes, dos momentos y estrategias diferentes: uno, el de la crisis mundial y su secuela sobre México; y, dos, el del futuro próximo en el que debemos retomar la senda del crecimiento económico y la generación de empleos sobre bases mucho más sólidas y sustentables.

No obstante que estamos frente a la peor crisis financiera y económica que el mundo ha experimentado en décadas, en México hoy lidiamos con la coyuntura a través de medidas contracíclicas y no replegándonos. Esto es posible gracias al espacio presupuestal que nos dan más de 13 años de disciplina fiscal y de fortalecimiento institucional y el compromiso de esta Legislatura que ha sabido estar a la altura de las circunstancias.

En virtud de ello, el pasado 7 de enero se suscribió el “Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo”, con la participación del Poder Legislativo Federal, los Ejecutivos Estatales, los sectores productivos y, desde luego, del Ejecutivo Federal.

De los 25 puntos comprometidos por el Presidente Felipe Calderón, los cinco primeros están particularmente vinculados con el empleo: ya para ayudar a quienes están desocupados; ya para conservar el trabajo de aquellos que estén en riesgo de perderlo, ya para mitigar la situación de quienes, desafortunadamente, pierdan su trabajo este año.

Informo a ustedes, en ese contexto, que el Servicio Nacional de Empleo, coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, opera a su máxima capacidad, desde el momento mismo del anuncio de estas medidas contracíclicas, las 24 horas del día y todo el año, ya sea a través de sus más de 160 oficinas en todo el país, en su centro de atención telefónica y, desde luego, por internet.

Este año, con casi los mismos recursos del año anterior (1,298 millones de pesos), pero con nuevos programas, atenderemos a cuando menos tres millones 700 mil personas y estaremos en posibilidad de preservar en el empleo, apoyar con capacitación o bien colocar en un puesto de trabajo, a un mínimo de 700 mil beneficiarios.

Toda vez que estimamos que durante los primeros seis meses del año se enfrentará la parte más difícil en cuanto a crecimiento y empleo se refiere, nos hemos comprometido a ejercer las dos terceras partes del presupuesto del Servicio Nacional de Empleo en el primer semestre de 2009.

Asimismo, con cerca de dos mil 200 millones de pesos, a través del Programa de Empleo Temporal, en sus Reglas de Operación, fueron incorporadas novedosas fórmulas de alivio para la desocupación laboral en las grandes zonas urbanas. A través de este programa, que será operado por Sedesol, Semarnat y la SCT, 250 mil personas encontrarán una alternativa de ocupación e ingreso temporal.

De otra parte, con el Programa de Preservación del Empleo -que administra la Secretaría de Economía y que cuenta con dos mil millones de pesos- evitaremos la pérdida masiva de empleos y atenuaremos la reducción del ingreso de casi medio millón de trabajadores mediante el esquema de los llamados Paros Técnicos.

Que no les quede la menor duda: el Gobierno del Presidente Calderón echará mano de todos los recursos disponibles a su alcance y tomará todas las decisiones que sean necesarias para enfrentar esta crisis y amortiguar su impacto negativo sobre nuestra economía, el trabajo y el ingreso de las familias mexicanas.

Y aquí también hay que destacar los compromisos asumidos por los sectores productivos, plasmados en el Acuerdo Nacional del pasado 7 de enero, en el sentido de mantener al límite de las capacidades la operación de la planta productiva; que el despido de personal sea el último recurso por el que opten los empresarios; que la huelga sea la última instancia para obtener mejores condiciones laborales, y que las revisiones salariales y contractuales se lleven a cabo con realismo y responsabilidad entre las partes.

Destaca también el compromiso de privilegiar el Diálogo Social como el espacio común para negociar y acordar por encima de naturales diferencias e intereses. Todos debemos revalorar la importancia del tripartismo en las instituciones del Estado Mexicano en materia de seguridad y previsión social, y de impartición de justicia laboral. Ese diálogo social entre los factores de la producción y la autoridad ha permitido que se alcancen convenciones tan oportunas como el Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral o el Acuerdo para la Seguridad en los Centros de Trabajo. De nuestra parte, las puertas de ese diálogo social se mantendrán permanentemente abiertas.

Así, en la coyuntura se ha respondido con oportunidad y con seriedad. No demeritemos el esfuerzo que gobiernos, legisladores y sociedad hemos puesto en marcha, y que dicho sea de paso, ha merecido el reconocimiento de organismos internacionales tan relevantes como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y el Banco Interamericano de Desarrollo, por citar sólo algunos.

Sin embargo, no perdamos de vista que estas medidas son meramente compensatorias y de contención. Ciertamente, se trata de medidas oportunas y orientadas en el sentido correcto, pero por sí solas no son suficientes para revertir la crisis ni, mucho menos, para generar los 800 mil empleos que, anualmente, demandan los mexicanos.

En medio de esta crisis, no debemos conformarnos con ver que en otros países la tasa de desocupación es mayor, o que en los Estados Unidos se pierden más empleos que en México. Mal de muchos, consuelo de pocos, por decirlo suave.

Se trata, sí, de una crisis que nos viene de fuera y que no provocamos los mexicanos. Pero aquí lo importante es que tenemos más fortalezas hoy para enfrentarla que en otros tiempos y que se trata, finalmente, de un fenómeno estrictamente pasajero. Así pues, ni pasmo ni desánimo para superar la contingencia. En esta crisis, preservemos juntos tres grandes valores: el empleo, el poder adquisitivo de los trabajadores y la paz laboral.

Con todo, el reto de fondo y de largo plazo sigue siendo el mismo: “¿qué hacer para crecer?”. Si nos concentramos sólo en la crisis no estaremos debidamente preparados para volver a despegar ni para atraer nuevas inversiones. No perdamos de vista, pues, el mediano y largo plazos.

A estas alturas, debemos ya tener claro que los empleos los genera la economía, y que a los gobiernos les corresponde crear las condiciones propicias para la inversión segura y rentable en el tiempo. Los empleos no se crean por decreto ni por la mera aspiración o la sola necesidad de tenerlos.

Impulsemos juntos el Programa Nacional de Infraestructura, la Agenda de Competitividad, las Reformas Estructurales pendientes, y removamos todas las barreras artificiales a la inversión y la competencia económica que inhiben la inyección de capital y afectan al trabajador y al consumidor. Estas medidas, aplicadas en tiempo y forma, nos permitirán crecer más y mejor. Sólo tendremos los empleos que demandan los mexicanos si hay crecimiento económico; y sólo habrá crecimiento económico si hay inversiones crecientes; y para atraer esos capitales necesitamos ser más competitivos. En síntesis, debemos ser más atractivos a la inversión que otros países en el mundo.

No debemos conformarnos con seguir creando empleos precarios y al margen de la formalidad. En pleno siglo XXI y después de tantos sacrificios, luchas y conquistas, lo menos a lo que debemos aspirar es a que todo empleo sea, a su vez, expresión indubitable del Trabajo Decente.

Desafortunadamente, México está lejos de tener el número y la calidad de empleos que necesita. Lo digo con absoluto sentido de responsabilidad y con el ánimo de que, de un diagnóstico certero y honesto, podamos construir las vías de solución que vuelvan a poner al trabajador, a la persona, al empleo, en el centro de nuestras decisiones y de nuestras políticas públicas. Esa es, claramente, la vocación del Gobierno del Presidente Calderón: que sea el empleo el medio idóneo para el despliegue pleno de las capacidades, esfuerzo y talento de las personas y, también, la puerta más segura para salir de la marginación y la pobreza.

Soy el primero en reconocer que lo que tenemos en el sector laboral del país no es suficiente ni satisfactorio:

• El año pasado perdimos más de 37 mil empleos netos, acentuado esto en el último trimestre y concentrado, desafortunadamente, en estados que históricamente han sido el motor de nuestra economía y en el sector manufacturero, particularmente en el de la exportación. Este año, desafortunadamente, no inició mejor.

• Si bien la tasa de desocupación que tenemos es reducida (4.32% a diciembre de 2008), ésta nos muestra apenas una parte de la realidad sobre la calidad de nuestros empleos pues no refleja, cabalmente, el drama que enfrentan a diario miles de familias que sobreviven en el subempleo y la precariedad de su ocupación. Ese dato frío de la desocupación en México implica, entre otras cosas, que muchos no pueden darse el lujo de estar un solo día sin trabajo ante su incapacidad de ahorro y ante la ausencia de un auténtico seguro de desempleo.

• No es justo conformarnos con un salario promedio de 222 pesos diarios; ni ignorar que la informalidad en la economía abarca, conservadoramente, a más de una cuarta parte de la población ocupada.

• El Salario Mínimo, desde hace décadas, ha dejado de ser un verdadero ingreso remunerador, para convertirse, más bien, en una simple referencia indexatoria.

• Prueba de nuestras insuficiencias es que sólo el 66% de la población ocupada es asalariada, mientras que en promedio los países de la OCDE incorporan al 88% en esta condición.

• Actualmente, los jóvenes reportan tasas de desempleo del doble que el promedio de la población (8.23% vs 4.19% al III Trimestre de 2008). Nuestra vinculación entre educación superior y el mercado laboral está lejos de ser la que necesitamos, y hemos entrampado a nuestros egresados en un círculo vicioso en el que no se les contrata por falta de experiencia, pero les es imposible tenerla sin oportunidades de empleo para desarrollarla.

• Resulta inaceptable ver que los niños y jóvenes abandonan las aulas para incorporarse, por su propio estado de necesidad, a la actividad productiva en las ciudades y en el campo. Según el Módulo de Trabajo Infantil que recientemente revelamos junto con el INEGI, hoy más de tres millones 600 mil niños de entre cinco y 17 años trabajan en México; y de éstos un millón 100 mil de ellos son menores de 14 años.

• No podemos presumir de un trato igualitario mientras persiste la discriminación por razón de género, raza y edad, o bien por ser portador del VIH/SIDA. También se da por discapacidad, preferencia sexual, religiosa o ideológica. Es lamentable que los grupos vulnerables no tengan el mismo acceso e inclusión laboral que los demás y, peor aun, que nuestra legislación laboral lo tolere.

• Y no podemos presumir, en fin, de una renovada cultura laboral en tanto la capacitación, la productividad en las relaciones laborales, la seguridad y la higiene en el trabajo se sigan viendo como una pesada carga para empleadores y trabajadores, y no como una inversión productiva y un deber legal y ético de todos.

México ocupa en el índice general de competitividad del Foro Económico Mundial el lugar número 60 de 134 países. Si nos vamos al tema de flexibilidad laboral, estamos en el sitio número 99, por abajo de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y cuando revisamos sólo el rubro de eficiencia en el mercado laboral, caemos hasta el lugar número 110.

Estoy convencido de que podemos y debemos ser capaces de ser más productivos en nuestras relaciones laborales, reforzando la previsión social y respetando, a la vez, los derechos fundamentales de los trabajadores. Parte de este esfuerzo compartido está en la necesidad de realizar una actualización integral del marco jurídico laboral vigente.

Los invito a no perder de vista que la actual Ley Federal del Trabajo data de mayo de 1970, y que gran parte de su contenido nos viene desde la ley de 1931. Nuestra Ley, que indudablemente encierra conceptos, instituciones y derechos útiles, apreciables y pertinentes, nació en un contexto en que México era una economía cerrada y con un régimen político e institucional diametralmente distinto al actual. Es una ley que poco incentiva la generación de empleo, de marcada vocación social pero sin una orientación clara y explícita hacia la productividad y la competitividad.

No cabe duda que la Ley Federal del Trabajo está llena de buenos propósitos, pero sin instrumentos certeros y adecuados para llevarlos a la práctica. Es una pieza legislativa que inhibe la generación del empleo formal en el actual y futuro entorno competitivo mundial y, paradójicamente, en su obsolescencia, termina por arrojar a miles hacia la economía informal o a la emigración.

Estamos frente a un ordenamiento que si bien consagra por igual a la autonomía y a la libertad sindical, privilegia la posición de las dirigencias y relega a un segundo término la voluntad real de las mayorías y el derecho mismo de libre asociación.

Se trata de una ley que impone deberes pero no sanciones efectivas ante su incumplimiento y que, en la práctica, propicia su inobservancia. Es un ordenamiento que, en sus lagunas y contradicciones, cobija el fraude a la ley, la simulación y la evasión mediante la utilización de figuras que ocultan auténticas relaciones laborales, como en el caso de la tercerización de servicios. Es un instrumento que si bien privilegia la estabilidad en el empleo, paradójicamente restringe lo fundamental: el acceso al trabajo.

Es la Ley Federal del Trabajo un ordenamiento que cobija la opacidad y genera incentivos perversos para prolongar indebidamente los juicios laborales.

Tengamos en cuenta que en los últimos 39 años la población de México se duplicó y creció de manera acelerada en cuanto a la proporción de mexicanos en edad de trabajar. Como resultado de ello, actualmente existe una intensa presión de los jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral. El país necesita con urgencia ofrecerles un puesto de trabajo, bien remunerado y que les permita generar ingresos y ahorros suficientes para sostenerse cuando, con el paso de los años, cumplan la edad de retiro.

México no puede desaprovechar la oportunidad que brinda el bono demográfico, consistente en el hecho de contar con una baja proporción de personas económicamente dependientes respecto de las que están en edad de trabajar. Esta oportunidad, única en décadas, se nos está agotando, y es claro que la ley laboral vigente no responde al desafío.

Así, acudo a este importante Foro con dos esperanzas: la primera es que todos los aquí presentes sabremos honrar el compromiso que asumimos el pasado 7 de enero en el “Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo”, conforme al cual convenimos, y cito textualmente: “Analizar temas de naturaleza jurídica en el ámbito laboral para promover la actualización del marco normativo en la materia con el fin de favorecer la generación de empleos bien remunerados y con seguridad social, la productividad, la competitividad de la economía nacional, la previsión social y la impartición de justicia laboral. Todo ello se hará con pleno respeto a los derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución General de la República” termino la cita.

La verdad es que no necesitamos esperar la llegada de nuevas iniciativas para sentarnos a la mesa y discutir la Reforma Laboral. Tiene el Congreso de la Unión, en sus manos, 264 iniciativas que se han planteado formalmente en los últimos once años, ante ambas cámaras legislativas, de distinto corte y profundidad, y que esperan su turno para ser dictaminadas y votadas.

Y mi segunda esperanza, no menos importante, es que este Foro de verdad llegue más allá de la mera integración de un expediente y sirva para acordar y llevar a buen puerto las prioridades de la agenda económica y laboral, no sólo con el fin de enfrentar la presente crisis sino, como su nombre lo indica, para crecer y crecer bien en un futuro no lejano.

Con absoluto respeto a los tiempos y prioridades de este Honorable Congreso, dejo con el coordinador de este panel el documento que contiene el ejercicio comparativo de las 264 iniciativas existentes al que me referí en esta intervención, a fin de que sea entregado a los organizadores de tan importante Foro para los efectos conducentes. Desde luego, me pongo desde ya a la disposición de las respectivas comisiones legislativas para profundizar en el contenido del documento y que incorpora, la posición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la materia.

Como pocas veces en la historia reciente, se nos presenta la oportunidad de abordar y concretar una reforma laboral que lleva lustros en la espera. Y, también, como pocas veces, la historia habrá de juzgar con puntualidad todo lo que hagamos o dejemos de hacer por el bien de nuestro país.

Por su atención, muchas gracias.