Distinguidos integrantes del Club de Banqueros de México;

Señoras y señores participantes de este Seminario sobre el Panorama Laboral 2007-2008;

Muy buenos días tengan todos ustedes.

Me da mucho gusto poder acompañarles esta mañana –en este magnífico edificio virreinal–, gracias a la atenta invitación del Club de Banqueros de México, por conducto de Don Roberto Hernández Ramírez, Presidente del Consejo de Directores, y del Lic. Adolfo Rivas Martín del Campo, Director General. Les agradezco su deferencia.

Primeramente, quisiera extenderles un cordial saludo del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Lic. Javier Lozano Alarcón, quien me pidió expresarles su felicitación con motivo de la organización de este Seminario, en el que se analizarán temas relevantes para el mundo del trabajo.

Reconocemos esta iniciativa de abrir un espacio de análisis y reflexión, sobre las tendencias actuales en torno a la Ley Federal del Trabajo, la seguridad social y la transparencia de la información pública gubernamental, temas de gran relevancia para las relaciones laborales en nuestro país.

Estamos seguros que los trabajos que se lleven a cabo en este Seminario, contribuirán a la mejor comprensión de los importantes tópicos que hoy se abordarán aquí. Ello, nos permitirá dimensionar los retos que enfrentamos los actores del mundo laboral, a partir de las primeras acciones que se han ido generando en estos meses de trabajo.

Así pues, a continuación me referiré a las principales acciones realizadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la actualización del marco normativo del sector laboral.
La política laboral de la presente Administración Federal, tiene por objeto promover el empleo y la paz laboral, a partir del diálogo permanente con los factores de la producción.

En este casi primer año de la presente Administración Federal, lo que se busca a fin de cuentas, es lograr, con la participación conjunta de los actores involucrados en esta materia, reformar las relaciones laborales para hacerlas más productivas y benéficas, tanto para trabajadores como para productores, como lo propone el Presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con las instrucciones presidenciales, bajo el liderazgo y conducción del Lic. Javier Lozano Alarcón, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha implementado una gestión firme y transparente, con vocación democrática, basada en el diálogo social, cuyas finalidades son:

• Conservar la paz laboral;
• Promover el equilibrio entre los sectores laboral y empresarial;
• Fortalecer la conciliación;
• Tramitar demandas laborales con procedimientos más ágiles, transparentes y   expeditos, y
• Fortalecer el diálogo en las revisiones contractuales, salariales y conflictos   laborales

En el ejercicio de nuestras responsabilidades, asumimos el compromiso que conllevan los principios de la Promoción, la Conciliación y la Legalidad.

Para la Administración Federal, es una prioridad promover las inversiones a partir de una economía cada vez más competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal. Estamos hablando de Trabajo Decente, que permita construir relaciones laborales basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto del trabajo.

En suma, como bien lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, cuya premisa fundamental es el Desarrollo Humano Sustentable, es menester para bien de los mexicanos, lograr una “Economía competitiva y generadora de empleos”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por tanto, instrumenta una política de permanente diálogo –un diálogo amplio, incluyente y franco– con los factores de la producción.

Hemos podido constatar una y otra vez, en la Secretaría del Trabajo, que el diálogo, la negociación y la conciliación de intereses rinden más que la confrontación, la descalificación y el distanciamiento.

De esta manera, debemos subrayar que con el apoyo decidido de patrones y trabajadores, hemos podido encontrar soluciones a problemas que parecían insalvables.

Esta suma de esfuerzos –debemos señalarlo– se ha traducido en importantes avances, entre los que destacan:

a. La cifra histórica de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al 15 de noviembre de 2007, el número de asegurados al IMSS, se situó en 14,915,620 trabajadores, con lo cual alcanzó su máximo histórico (trabajadores permanentes y eventuales urbanos).

b. La cifra de creación de empleos.

En lo que va de la Administración Federal, el crecimiento es de 950,362 empleos formales, cifra superior a la registrada en el mismo periodo de las pasadas cuatro administraciones; es decir en el primer año de gobierno (del corte del 31 de diciembre de 2006 al 15 de noviembre de 2007).

c. Se ha logrado disminuir el número de huelgas estalladas.

Desde diciembre de 2006 a octubre de 2007, han estallado 26 huelgas, lo que implica un índice de estallamiento del 0.40%. Estas cifras también representan de las cantidades más bajas, en comparación con los resultados de pasadas tres administraciones.

Como bien ha señalado el Presidente Calderón (lo cito textualmente): “…el propósito del Gobierno es claramente, tener una economía competitiva generadora de empleos y así poder, verdaderamente, poner a México en la ruta del desarrollo humano sustentable”.

En efecto, a la luz de estos primeros logros alcanzados, también es necesario reconocer que existen aspectos de nuestro sistema laboral que merecen una revisión amplia, ponderada y objetiva por parte de los actores del mundo laboral.

Este Seminario constituye un magnífico foro de deliberación, de retroalimentación y de análisis, en donde conviene retomar las diferentes acciones que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha llevado a cabo en estos once meses de gestión, donde se destaca, la participación activa de diversos sectores del mundo laboral, particularmente en cuanto a la actualización y modernización del marco jurídico en materia laboral.

Para ello, permítanme comentarles que, como una de las principales acciones de los 100 primeros días de gobierno del Presidente Calderón, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinó dentro de sus prioridades, la necesidad de contar con un diagnóstico y estrategia para la actualización del marco normativo laboral, que impulse la generación de empleo basada en la productividad y la competitividad.

Esta ardua labor ha sido guiada –y así lo seguirá haciendo– bajo las siguientes premisas:

1. Pleno respeto a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores plasmados en el artículo 123 constitucional. No se pretende realizar modificaciones a dicho precepto.

2. Aprovechar los acuerdos alcanzados con anterioridad por los sectores productivos, contemplados en la Iniciativa presentada el 12 de diciembre de 2002, por los partidos PRI, PAN y Verde Ecologista (PVEM). No se pretende abrir nuevamente el tema a consulta pública.

3. Proponer la incorporación de propuestas viables y posibles que se han planteado en diversas iniciativas, así como otras que se consideran necesarias.

4. Apoyar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de las Cámaras de Diputados y de Senadores, en la dictaminación de las propuestas, previo acuerdo con la Secretaría de Gobernación y los Coordinadores de los partidos políticos en el Congreso y propiciar el diálogo para la construcción de acuerdos con los factores de la producción.
Así las cosas, en estos últimos once meses se han realizado las siguientes actividades:

1. Se realizó el análisis de las diversas iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo que existen en el Congreso de la Unión.

En una primera etapa, se revisaron las iniciativas presentadas en los últimos diez años. Como resultado de este ejercicio se revisaron 151 iniciativas que existían en ambas Cámaras del Congreso.

En una segunda etapa, se revisaron las iniciativas que se han seguido presentando en el Congreso a partir de febrero de 2007. De esta manera, de febrero al 31 de octubre de este año se detectó que se presentaron 45 nuevas iniciativas.

Si se suman las iniciativas que se presentaron en los últimos 10 años (151), más las que se han presentado de febrero a octubre de 2007 (45), se tiene que existen al 31 de octubre de 2007, un total de 196 iniciativas de reforma a la Ley Federal del Trabajo (175 en la Cámara de Diputados y 21 en la Cámara de Senadores).
Este ejercicio ha permitido identificar propuestas posibles y viables, que podrían enriquecer la denominada “Iniciativa de los sectores”, además de otras que la STPS considera recomendables. Se ha procurado que las propuestas seleccionadas no impliquen temas altamente controvertidos que pudieran arriesgar el conjunto de las propuestas.

2. El señor Secretario del Trabajo y Previsión Social, compareció ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, el 18 de abril del presente año y se ha reunido también con diputados federales de la misma Comisión de la Cámara de Diputados, en las que ha ofrecido el apoyo y colaboración de la STPS, para el análisis de las iniciativas hasta ahora presentadas y, en su caso, para propiciar la construcción de acuerdos con los sectores productivos.

En ambos casos, el Titular del Ramo señaló que la eventual actualización del marco normativo del sector laboral está sujeta a las condiciones de la agenda legislativa.

3. También se instalaron mesas temáticas con organizaciones empresariales, representaciones sindicales y funcionarios de distintas dependencias y entidades del gobierno federal, con la finalidad de fortalecer mecanismos que promuevan la productividad en las relaciones laborales, la competitividad de la economía, así como el mejoramiento en el nivel de vida de los trabajadores y sus familias.

En estas mesas de diálogo se han comentado temas de interés relacionados con la actualización del marco normativo y de la impartición de justicia laboral.

Si me lo permiten, antes de comentar con ustedes los temas que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha identificado como propuestas posibles y viables que podrían enriquecer la “iniciativa de los sectores”, valdría la pena recordar cuáles son los objetivos de dicha iniciativa, que como sabemos, fue presentada por el entonces diputado Roberto Ruiz Ángeles, a nombre del PRI, PAN y PVEM el 12 de diciembre de 2002.

1. Impulsar la creación de más empleo.

2. Incrementar la productividad y la competitividad del país.

3. Eliminar la discriminación y promover la equidad en las relaciones de trabajo.
4. Actualizar el marco jurídico de la capacitación.

5. Fortalecer los sindicatos auténticos y aumentar la transparencia en la contratación colectiva.

6. Fortalecer la paz laboral, otorgar mayor certeza jurídica y privilegiar la conciliación en los procedimientos laborales.

La suma de estos seis objetivos permitirá mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Ahora bien, consideramos que los temas de mayor relevancia que contiene la “iniciativa de los sectores” y, por ende, los aspectos que representarían un avance significativo en la modernización de la legislación laboral, en caso de que dicha iniciativa merezca la aprobación del Congreso de la Unión, serían los siguientes:

1) Nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo

Se establecerían nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, como serían los “contratos a prueba” o “de capacitación inicial”. Asimismo, se regularían expresamente las relaciones de trabajo “por temporada”, que aunque en la Ley vigente se infiere su existencia, con la reforma se hace explícita su regulación.

La relación de trabajo con período de prueba se daría hasta por 30 días como regla general y por 180 días, para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, lo que amplía las posibilidades de contratación.

El contrato de “capacitación inicial”, sería aquel mediante el cual el trabajador adquiriría los conocimientos o habilidades necesarios para una actividad determinada, percibiendo un salario acorde con la categoría del puesto que se desempeñe.
Este tipo de contrato, tendría una duración de hasta de tres meses –por regla general– y hasta de seis meses cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o bien para labores técnicas o profesionales especializadas. Con este tipo de contratos, se pretende romper el círculo vicioso de “no tengo trabajo por no estar capacitado y no tengo capacitación porque no tengo trabajo.”

Desde luego se contemplan diferentes “candados” para seguridad de las partes, como lo serían:

i) Los contratos deberán constar por escrito;

ii) Los periodos de prueba y de capacitación inicial serían improrrogables y no podrían aplicarse al mismo trabajador simultanea o sucesivamente, y en más de una ocasión, y

iii) Se garantizaría que los trabajadores que presten sus servicios bajo estas modalidades tengan los mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores, en proporción al tiempo que laboren.
2) Distribución de la jornada de trabajo

Se contemplaría que patrones y trabajadores puedan convenir la ampliación de la jornada diaria de trabajo, así como un programa de acumulación mensual de horas laborables, o “banco de horas”, a fin de permitir a los trabajadores el reposo acumulado de varios días a la semana, sin contravenir las exigencias del artículo 123 constitucional, fracción XXVII, inciso a).

3) Simplificación de las obligaciones patronales en materia de capacitación y adiestramiento

Se modificaría integralmente el Capítulo relativo a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, denominándolo “De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores”.

Se prevé que sólo las empresas que tengan más de 20 trabajadores deben integrar las comisiones mixtas de productividad, capacitación y adiestramiento.

Se suprimirían diversas obligaciones en esta materia, entre las que destacan:

a) Registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los planes y programas de capacitación y adiestramiento de las empresas.

b) El procedimiento de autorización y registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por parte de las instituciones o escuelas que deseen impartir capacitación o adiestramiento.

c) El registro de constancias de habilidades laborales.

4) Medidas para incrementar la productividad y la competitividad del país

Se suprimiría el “escalafón ciego” y de esta forma se privilegiaría a la capacitación como el principal criterio para el ascenso de los trabajadores a puestos vacantes o de nueva creación, por sobre la antigüedad de los trabajadores.

Se favorecería la “multihabilidad”, como un factor que permitiría a los trabajadores, percibir ingresos mayores. Es decir, se podrá convenir que los trabajadores desempeñen labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, siempre que reciban el ajuste salarial correspondiente.

5) Registro sindical

La iniciativa contempla que el registro de los sindicatos pueda cancelarse por no proporcionar informes a las autoridades del trabajo respecto a su actuación como sindicato y por no informar cada seis meses de las altas y bajas de sus miembros.

La Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente conocería sobre la cancelación de registro de un sindicato, a solicitud de integrantes del propio sindicato y de toda persona con interés jurídico.

6) Requisitos para la firma de un contrato colectivo de trabajo

Se contempla que cuando un sindicato vaya a celebrar un contrato colectivo de trabajo, debe formular la solicitud por escrito, misma que contendrá la firma de los representantes del sindicato y de los trabajadores que representa; y deberá acompañar las constancias vigentes que hayan sido expedidas por la autoridad registradora, relativas a su inscripción. En caso contrario, no se podrá depositar el contrato colectivo.

7) Fortalecer la justicia laboral

Se incorpora expresamente en el proceso laboral el principio de la conciliación. Durante todo el procedimiento y hasta antes de dictarse el laudo, las Juntas intentarán que las partes resuelvan los conflictos mediante la conciliación. Para apoyar en estas tareas se incorporaría a los “funcionarios conciliadores”, como parte del personal jurídico de las Juntas.

Se tiene previsto que el personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuenten con título y cédula de licenciado en derecho, que se hayan distinguido en estudios de derecho del trabajo y gocen de buena reputación.

Desde luego, la “iniciativa de los sectores” contempló en sus artículos transitorios que el personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que no cuente con el título y la cédula profesional, tendría un término de cinco años para obtenerlo, contado a partir de la vigencia de las reformas.

También será necesario contar con título de licenciado en derecho y la cédula correspondiente para fungir como representante de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. En el caso de los representantes de los trabajadores, si carecen de título, deberán obtener constancia de capacitación en materia laboral.

En consonancia con estas medidas, se exigiría que los litigantes en materia laboral cuenten con título de licenciado en derecho y cédula profesional. Tratándose de los sindicatos, si el compareciente es apoderado deberá ser licenciado en derecho o pasante.

Asimismo, se contemplan diversas modificaciones de carácter procesal, entre las que destacan:

• Se incorporarían reglas para regular la comparecencia de los terceros interesados en los juicios laborales.

• Se precisaría que si el trabajo se prestó en diferentes lugares, para la presentación de las demandas que procedan, resultará competente la Junta del lugar del último de ellos.

• Se señalaría que las notificaciones surten sus efectos a las 14 horas del día siguiente al de la publicación del Acuerdo respectivo.

• Se reduciría de tres meses a 45 días el plazo para que opere la caducidad en los juicios.

• En caso de muerte del trabajador, dejarían de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto y la Junta procedería a convocar a los beneficiarios.

• Se aumentarían las multas para quien promueva una revisión o reclamación notoriamente improcedente en los procedimientos de ejecución.

• Se dividiría la actual audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en dos audiencias, a saber: audiencia de conciliación, demanda y excepciones y audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas.

• Se adicionarían requisitos de procedibilidad para las demandas de titularidad de contrato colectivo o administración de contrato ley. Asimismo, no se admitiría diversa demanda de titularidad, mientras esté pendiente de resolución otra. Se contempla también que no procedería demandar nuevamente la titularidad del contrato por el mismo sindicato en el término de un año, contado desde su desistimiento o desde que cause estado el laudo correspondiente.

• Se incluirían nuevas reglas en los procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza económica, destacando que sólo la huelga estallada suspende su tramitación.

• Se establecerían requisitos de procedibilidad cuando el objeto de la huelga es la firma de un contrato colectivo de trabajo, así como nuevas reglas para el desahogo de la prueba del recuento de los trabajadores. Esto también aplicaría para los conflictos de titularidad de los contratos colectivos de trabajo, destacando que el voto será secreto. Asimismo, se contempla que si la parte actora no concurre a la audiencia de conciliación, se ordenará el archivo del expediente y no podrán suspenderse las labores.

• Por último, se establecerían sanciones para el personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que incurra en irregularidades en la tramitación de los asuntos que retarden su desahogo y también los montos de las multas que por concepto de correcciones disciplinarias y medidas de apremio se pueden imponer a los patrones y trabajadores en el procedimiento laboral.

Todos sabemos que la reforma a la Ley Federal del Trabajo es un tema de debate público desde hace varios años. Y lo es, porque existen innumerables iniciativas –algunas en verdad muy valiosas e interesantes– que sin embargo se “ideologizan” o “etiquetan”, lo que hace difícil apreciarlas en su justa dimensión.

Esta característica sui generis propicia un fenómeno de “politización” que complica avanzar hacia las modificaciones que se necesitan y que todos deseamos.

Estimamos que, en la actual legislatura, están dadas las condiciones para llegar a los acuerdos necesarios y sacar adelante una reforma a este importante instrumento jurídico para la vida del país.

Lo ha señalado el Secretario del Trabajo y Previsión Social en otras ocasiones y en esta ocasión me permito retomar sus palabras: “necesitamos hacer una reforma posible, no la reforma perfecta”.

Es cierto, ya no es tiempo de consultas, sino de llegar a acuerdos concretos.

Es tiempo de dar pasos adelante y generar confianza. No se trata de hacer reformas que vulneren derechos y conquistas sindicales. Lo que todos buscamos es avanzar en las relaciones laborales y hacer una economía más competitiva. De lo que se trata, es de encontrar coincidencias que permitan modernizar nuestra legislación.
Precisamente, con el ánimo de encontrar las coincidencias que nos permitan contar con una ley moderna, actualizada, sencilla, con autoridades fortalecidas en sus atribuciones y, en la medida de lo posible, que cuente con el aval de sus destinatarios, hemos identificado diversos puntos que, sin denostar las experiencias y el avance que significa la “iniciativa de los sectores de 2002”, nos permitan superar los obstáculos que han impedido sacar adelante esta reforma.

Entre los principales temas que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estima pertinente impulsar y, que, al mismo tiempo podrían enriquecer la denominada “iniciativa de los sectores” a que hemos hecho referencia, destacan:

a) Dotar de facultades a las autoridades laborales en la contratación de trabajadores extranjeros en territorio nacional.

b) Prohibir la práctica de exigir a las trabajadoras certificados médicos de ingravidez para ingresar o permanecer en el empleo.

c) Legalizar la práctica de distribuir las semanas de descanso pre y postnatal de la mujer trabajadora, así como incluir modalidades para los reposos por lactancia.
d) Facilitar la actualización de las Tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes.

e) Incorporar disposiciones para regular el trabajo en régimen de subcontratación (terciarización u outsourcing), y de esta manera evitar simulaciones y abusos en perjuicio de los trabajadores.

f) Simplificar los procedimientos de clausura (parcial o total) de los centros de trabajo, cuando se detecten riesgos inminentes para la seguridad de los trabajadores.

g) Vincular la repartición de utilidades con esquemas justos y equitativos que vinculen el incremento en la productividad con el ingreso de los trabajadores.

h) Incluir disposiciones expresas para considerar como información pública la relacionada con los registros de las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo, no obstante que en la práctica la STPS ya está haciendo pública tal información.

i) Incluir un procedimiento especial o sumario para tramitar los juicios individuales en materia de seguridad social. Según informes proporcionados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cerca del 60% de los expedientes en trámite corresponden a demandas en contra del IMSS, INFONAVIT y de las AFORES.

Los procedimientos mediante los cuales se reclaman este tipo de asuntos, son substanciados actualmente a través de la vía ordinaria laboral, ante la carencia de disposiciones expresas o de tribunales especializados, como si se tratase de conflictos entre trabajadores y patrones, cuando en realidad se trata de controversias con características procesales que no corresponden a los requerimientos de los demandantes, quienes en su mayoría son personas que carecen de trabajo y que además padecen de alguna incapacidad o invalidez que no les permite procurarse una remuneración.

Por tal motivo, se plantea la necesidad de incorporar un procedimiento de carácter especial que permitan tramitar y resolver con mayor inmediatez, las reclamaciones relativas a estas materias.

Con esta medida, los tiempos de tramitación y resolución se reducirían considerablemente y los procedimientos de esta índole tendrían las características de celeridad e inmediatez que requieren en atención al bien jurídico tutelado, que en estos casos es la salud y la vida de los trabajadores y sus beneficiarios. Cabe señalar, que esta propuesta podría significar un primer paso en la búsqueda de una jurisdicción especial para atender los conflictos relacionados con la seguridad social.

j) Revisar el marco normativo que corresponde a los trabajadores del campo.

k) Medidas de apremio. Se propone que las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, puedan imponer medidas de apremio para asegurar que los patrones y los sindicatos asistan a las conciliaciones que se llevan a cabo.

l) Contemplar el uso de herramientas informáticas en la impartición de justicia laboral, para lograr mayor transparencia y elevar el nivel de eficiencia en el desarrollo de los diversos procesos involucrados con la impartición de la justicia laboral, y a la vez propiciar una reducción en los tiempos que se requieren para la resolución de los juicios.

Esta propuesta permitiría dotar de mayor solidez a las plataformas informáticas que ya operan en diversas entidades federativas y aquellas que están en proyecto, y facilitaría la colaboración institucional para impulsar el intercambio de tecnologías en aquellas entidades que aún no cuentan con este tipo de herramientas informáticas.

Con base en ello, se permitiría el uso de la denominada “firma electrónica”, para facilitar el seguimiento y la consulta de expedientes y desde luego la presentación de actuaciones (a través de medios electrónicos) en los procedimientos.

m) Incluir un capítulo para regular el ofrecimiento y desahogo de las “pruebas electrónicas”. Resulta indispensable contar con reglas claras para la admisión y desahogo de este tipo de probanzas. De esta suerte, la resolución de los juicios podrá sustentarse en los elementos de convicción que se desprendan de este tipo de pruebas.

n) Actualizar los montos de las sanciones económicas que establece la Ley, ya que han quedado desfasados por el simple transcurso del tiempo (la sanción máxima actualmente es de 315 veces el salario mínimo). Se estima necesario imponer sanciones más severas a los patrones que contraten a menores de 14 años, o que no permitan la práctica de las visitas de inspección.

o) Elevar el nivel de escolaridad para desempeñar el cargo de inspector del trabajo.

p) Establecer un Servicio Profesional de Carrera, que tome en consideración la naturaleza propia de las labores que prestan los servidores públicos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Cabe señalar que la aplicación del actual servicio profesional de carrera se basa en competencias y capacidades de orden primordialmente administrativo, que no corresponde a la formación jurídica que requiere la impartición de la justicia laboral.

No quiero cansarlos con más datos y cifras, puesto que en el panel de especialistas se podrán retomar estos temas a mayor detalle, como se tiene programado.
Sin embargo, como podrán observar, podemos afirmar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, está realizando su tarea y está prácticamente lista para apoyar en los trabajos que se requieran por parte del Poder Legislativo.

De cualquier manera, se tiene previsto que en la primera semana de diciembre se realicen reuniones de trabajo para afinar el documento en el que se identificarían las propuestas que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social considera conveniente impulsar para enriquecer la “iniciativa de los sectores”. Una revisión final para la cual el señor Secretario nos ha pedido que estemos puntualmente preparados, pues dedicaremos esos días exclusivamente a este tema.

A partir de ese momento, se podría hacer llegar el documento correspondiente a los Presidentes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de las Cámaras de Diputados y Senadores, a fin de que pudiera servir como apoyo a los integrantes de las referidas Comisiones en la revisión de las nuevas propuestas o bien para realizar las adecuaciones que estimen pertinentes a la mencionada “iniciativa de los sectores”.

CONSIDERACIÓN FINAL

Por todo lo anterior, es claro que debemos redoblar nuestros esfuerzos para avanzar en este último trecho que nos separa de la reforma laboral tan anhelada.

Estamos concientes de que resulta de la mayor importancia para bien del país fortalecer la legislación laboral, a fin de asegurar la plena certeza jurídica a los patrones y trabajadores, para procurar su equilibrio y para brindar a unos y a otros y a la sociedad en su conjunto, una justicia laboral pronta y expedita.

Para el Gobierno del Presidente Felipe Calderón, es fundamental tomar decisiones pensando no sólo en el presente de los mexicanos, sino también en su futuro. La única forma de afrontar con éxito el porvenir es actuar con eficacia hoy.

No debemos olvidar que nuestro país está inmerso en un proceso de transformaciones que no puede ni debe detenerse. Como nunca antes, el destino de nuestra nación dependerá de lo que los mexicanos hagamos o dejemos de hacer. Enfrentamos retos nacionales y globales que exigen respuestas inmediatas y eficaces.
A casi un año del inicio de la Administración, el mayor reto que tenemos los servidores públicos, pero también los trabajadores y los patrones, es participar en el diseño de soluciones de fondo y de largo aliento –soluciones duraderas y contundentes– a los problemas que enfrentan los mexicanos.

Todos los actores del mundo del trabajo debemos hacer un gran esfuerzo y poner sobre la mesa el interés superior del país por sobre nuestras percepciones e intereses particulares.

Tenemos que lograr que todos ganemos, no se trata de avasallar al contrario o de que sólo prevalezca un solo punto de vista. Necesitamos de una visión en donde tendremos que estar dispuestos a escuchar al otro para encontrar las mejores soluciones. Al final, el ganador será México.

El compromiso es de todos y estamos obligados a cumplir.

Por su atención, muchas gracias.