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El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, encabezó con esta fecha la entrega del distintivo “Gilberto Rincón Gallardo 2008” a 32 empresas de 15 estados de la República que se distinguieron como actores socialmente responsables y comprometidos con la inclusión laboral.

Acompañado por la señora Silvia Pavón, viuda de Don Gilberto Rincón Gallardo y la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Perla Bustamante Corona, el titular de la STPS manifestó que es imperativo avanzar en nuestro marco jurídico, no sólo para ratificar y reiterar lo que dice la Constitución o los Convenios internacionales y las convenciones de los que México forma parte.

El trabajo decente, insistió el funcionario, sigue diciendo nuestra propuesta; también incluye el respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía y democracia sindical el derecho de huelga y la contratación colectiva.

Trabajo decente, “nosotros lo estamos definiendo, como aquel en el que se respeta plenamente la habilidad humana del trabajador y no existe discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza, religión o ninguna otra, se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador, se recibe la capacitación continua para el incremento de la productividad y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”

Ésto, dijo, es lo que estamos proponiéndole al H. Congreso de la Unión, como una definición de trabajo decente, propia, auténtica, y coincidente con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo. Por supuesto es un punto de partida y por eso lo estamos planteando para el artículo segundo de los un mil 10 artículos que tiene la Ley Federal del Trabajo.

No basta con buenas intenciones, lo que se plantea, por otra parte, es que se imponga multa por el equivalente de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo o incurra en actos de hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores.
Hoy la Ley Federal del Trabajo tiene como multa máxima 315 veces el salario mínimo, lo cual significa en pocas palabras, que sale mucho más barato violar la ley y pagar la multa. Lo que se busca es que todo tipo de discriminación tenga sanción máxima, precisamente para que deje de ser una norma imperfecta y se aplique.

Advirtió que una norma sin sanción es una norma imperfecta, una norma que puede estar plagada de buenos propósitos pero carente de instrumentos efectivos para hacerla valer, de ahí que en el término trabajo decente debe ser incluido en nuestra legislación federal.

En su intervención, la Subsecretaría de Inclusión Laboral de la STPS, Patricia Espinoza Torres, destacó que en lo que va de la presente administración se incrementó en 395 por ciento la colocación de personas con discapacidad en los centros de trabajo, y que ello obedece al compromiso social asumido por las empresas para realizar buenas prácticas laborales garantizando condiciones de igualdad salarial y de trato, así como prestaciones de ley y seguridad en el trabajo.

Enfatizó que la inclusión laboral de los grupos en situación de vulnerabilidad constituye una prioridad del Gobierno Federal, y bajo esa premisa está el de garantizar que ninguna persona enfrente inequidad y marginación.

Reconoció que la entrega de este distintivo de empresa incluyente, que hoy llega a su cuarta edición, tiene como escenario un contexto socioeconómico que nos exige acciones contundentes, eficaces y eficientes a favor de todas las personas, pero también demanda resultados que impacten en la calidad de vida de las mujeres y hombres que día a día hacen su mayor esfuerzo para satisfacer sus necesidades inmediatas y las de sus familias.

Es claro, dijo que la discriminación en el mercado laboral viola derechos humanos fundamentales, limita las oportunidades, desperdicia el talento humano y acentúa las tensiones y desigualdades sociales, agudizando la situación de vulnerabilidad de las personas. Agregó que tener trabajo significa abrir una puerta al desarrollo y estar en condiciones de iguales para recibir los beneficios de los derechos laborales.

Advirtió que sólo quienes han vivido la exclusión, conocen el significado que ha tenido su incorporación al mercado laboral, en términos de dignidad personal y familiar, pero también como personas que forman parte de una sociedad. Se refirió al distintivo Empresa Incluyente, y dijo que éste busca sensibilizar e impulsar la participación de las empresas para generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, adultas mayores y que viven con VIH/Sida, entre otras.

Por su parte, la Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Perla Bustamante Corona se congratuló de que el distintivo llevara el nombre de Don Gilberto Rincón Gallardo, a quien definió como un luchador social que se empeño en la defensa de la dignidad humana, los derechos humanos, y la tolerancia, y a favor de la equidad y la justicia. Sostuvo que igualmente, se impuso la tarea de generar las condiciones jurídicas y políticas para que el organismo que hoy preside fuese una realidad y tuviese como sustento una ley innovadora y de vanguardia.

Expresó que son dignas de contar con un reconocimiento público aquellas empresas que respetan a sus trabajadores, que no reparan en prejuicios infundados, y que por el contrario, consideran que lo más importante es darle la oportunidad a quienes demuestran capacidad y constancia. Las propias empresas, dijo, pueden darse que la inclusión es redituable en lo económico y en la imagen de confianza que proyectan hacia la sociedad.

La titular de la Conapred enfatizó que la inclusión es una forma de gestión que tienen las empresas para fortalecer sus relaciones laborales mediante la ética, pero también implica la construcción de bienes económicos para hacerlos compatibles con el resto de los bienes dentro de una sociedad justa y equitativa.

En el evento, también estuvieron la Directora General del Instituto Nacional de las personas Adultas mayores, Magdalena González Furlong, la Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Atención s Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados y la Directora de Recursos Humanos y Operaciones del Grupo Sabritas, Patricia Mañón Senado.

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