Oficio No. OS/065/09
México, D. F., 3 de agosto de 2009
“2009, Año de la Reforma Liberal”
Señor Jack Layton, Líder del Partido
Neodemócrata de Canadá; Señor Jyrki
Raina, Secretario General de la Federación Internacional
de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM);
Señor Manfred Warda, Secretario General
de la Federación Internacional de Sindicatos de la Química,
Energía, Minas e Industrias Diversas; y, Señor
Leo Gerard, Presidente Internacional de United Steelworkers.
P r e s e n t e s
Hago referencia al escrito dirigido por ustedes al Presidente
de la República, Felipe Calderón Hinojosa y publicado
hoy en diversos medios de circulación nacional, en apoyo
al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos
y Similares de la República Mexicana (Sindicato Minero)
y al Señor Napoleón Gómez Urrutia.
Sobre el particular, expreso a ustedes lo siguiente:
1. El Gobierno de la República rechaza, categóricamente,
la aseveración en el sentido de que se actúa “en
alianza con Grupo México y otras corporaciones mineras
en la violación sistemática de los derechos humanos
y laborales fundamentales”. Entendemos bien el sentido
de solidaridad que une a esas organizaciones internacionales con
el Sindicato Minero. Sin embargo, debieran ustedes, en justicia,
ponderar las respuestas que el Gobierno del Presidente Calderón
ha dado a los escritos enviados por la FITIM (13 de abril de 2007,
16 de mayo de 2007, 21 de junio de 2007, 31 de agosto de 2007
y 17 de abril de 2009) y por parte del United Steelworkers (14
de agosto de 2007) además de las reuniones sostenidas con
representantes de esas organizaciones sindicales.
2. Como es público, el Presidente Calderón no se
encontraba en México durante la visita de ustedes a nuestro
país, pues participaba en la Cumbre de Líderes del
G8-G5 en L'Aquila, Italia, razón por la cual fue el suscrito,
personalmente, quien atendió al Señor Jack Layton,
a solicitud expresa de él. Es falso, pues, que el Presidente
de la República “se negara a reunirse con la delegación”.
Se les atendió con toda oportunidad y comedimiento.
3. El Señor Napoleón Gómez Urrutia está
demandado por los trabajadores mineros y es perseguido por la
justicia, no por el Gobierno Federal. Fueron 6,464 trabajadores
del gremio quienes interpusieron demandas laborales en su contra,
para la devolución de los 55 millones de dólares
que indebidamente habría sustraído y que habían
sido depositados en un fideicomiso cuyos beneficiarios eran, precisamente,
dichos trabajadores. Es por ello que existen tres órdenes
de aprehensión, aún vigentes, en contra del Señor
Gómez Urrutia, el cual huyó a Canadá para
evitar acudir a juicio. La solicitud de extradición por
parte de nuestro Gobierno a su homólogo canadiense tiene
el objetivo de que enfrente los cargos que se le imputan ante
nuestros tribunales y conforme a nuestras leyes.
En efecto, el Señor Gómez Urrutia debe regresar
al país pero para seguir los procesos que se han iniciado
en su contra, pues mientras dichas órdenes de aprehensión
se mantengan vigentes, él es legalmente un prófugo
de la justicia y, por ende, sus derechos civiles y políticos
estarán suspendidos según dispone nuestra Constitución
General de la República.
En suma: no hay tal persecución política sino la
mera aplicación estricta de la ley.
4. El Señor Napoleón Gómez Urrutia está
impedido para asumir el cargo de Secretario General del Sindicato
Minero, no por una actuación arbitraria de la autoridad
sino por los propios Estatutos del Sindicato. Para fungir como
integrante de la directiva de ese gremio, se requiere haber sido
trabajador de planta en el sector durante cinco años de
manera continua, lo cual no pudo acreditar el hoy indiciado, ya
que jamás ha trabajado en una mina y prácticamente
heredo el liderazgo sindical de su padre. Esta determinación
fue ya avalada por el Poder Judicial de la Federación al
negarle el amparo solicitado al Señor Gómez Urrutia.
Así pues, no hay autonomía sindical que esté
por encima de la legalidad, lo cual queda perfectamente plasmado
en el artículo 8 del Convenio 87 de la Organización
Internacional del Trabajo.
5. La detención del Señor Juan Linares Montufar
obedece a las mismas razones por las cuales el Señor Napoleón
Gómez Urrutia se encuentra hoy fuera del país. Es
decir, por la supuesta malversación o apropiación
ilegal de fondos constituidos para beneficio de los trabajadores.
Su tema, pues, no es político sino judicial. La misma suerte
corren los fondos del Sindicato Minero cuyas cuentas fueron congeladas
hace más de tres años por parte de la autoridad
reguladora competente.
6. El muy lamentable caso de la explosión en la mina Pasta
de Conchos ha sido debidamente documentado, tanto por lo que hace
a las labores de investigación de sus causas como en cuanto
a la atención de las familias de las víctimas. Nuevamente,
se les invita a conocer el expediente completo del caso en nuestra
página electrónica www.stps.gob.mx. Se les invita,
asimismo, a valorar con seriedad y rigor técnico, su demanda
de efectuar el rescate de los cuerpos sepultados en esa mina.
7. Por lo demás, desde hace más de dos años
que estallaron las huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco, por
supuestas condiciones inapropiadas en materia de seguridad y salud
en esos centros de trabajo, esta Secretaría del Trabajo
y Previsión Social ha realizado incontables esfuerzos conciliatorios
entre las partes, mismos que han topado con pared ante la exigencia
de la representación sindical de anteponer al levantamiento
de dichas huelgas, tal y como ustedes lo hacen en su escrito al
Presidente Calderón, el retiro de toda denuncia, orden
de aprehensión y demás acciones legales que pesan
en contra del Señor Napoleón Gómez Urrutia
y coacusados, además del pago de una “indemnización”
por la cantidad de 100 millones de dólares.
Todos los puntos arriba referidos fueron debidamente abordados
en la reunión del pasado 9 de julio, con el Señor
Jack Layton, en las oficinas de esta Secretaría, misma
que fue conducida por un servidor y en presencia de los Señores
Gerónimo Gutiérrez Fernández, Subsecretario
de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Carlos
Rico Ferrat, Subsecretario para América del Norte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, y Leopoldo Velarde
Ortiz, Director General de Extradiciones y Asistencia Jurídica
de la Procuraduría General de la República.
Por lo demás, siéntanse ustedes en libertad de
transmitir a sus gobiernos y congresos su particular punto de
vista sobre el conflicto que nos ocupa. Nosotros seguiremos actuando
con firmeza y legalidad, y estaremos atentos a toda petición
de información que, con base en nuestras leyes e instituciones,
se nos formule para aclarar ésta y cualquier otra argumentación
del caso.
A t e n t a m e n t e,
EL SECRETARIO
JAVIER LOZANO ALARCÓN
C.c.p Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario
de Gobernación.- Presente
Emb. Patricia Espinosa Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores.-
Presente
Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República.-
Presente
Lic. Luis Felipe Bravo Mena, Secretario Particular del C. Presidente
de la República.- Presente