Desde que inició la presente administración federal se establecieron cinco grandes objetivos que han guiado la actuación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la atención de las consecuencias por el lamentable accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006 en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila. Entre estos, el cuarto objetivo consiste en determinar y sancionar las responsabilidades en que hubieren incurrido las empresas, particulares y servidores públicos involucrados.

En este contexto, se informa que la STPS fue notificada de la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública a Pedro Isaac Camarillo Adame, quien se desempeñara como Delegado Federal del Trabajo en Coahuila, al momento del accidente en la citada mina. La sanción de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un año, a la que se hizo acreedor el ex Delegado, es por haberse encontrado responsable por omitir convocar a la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el Estado de Coahuila, durante el período de 1 de marzo de 2005 al 15 de marzo de 2006.

Esta sanción que se informa, es adicional a la notificada a esta Dependencia por la Secretaría de la Función Pública el 13 de mayo de 2008, en la que ya se había determinado la inhabilitación temporal de Pedro Isaac Camarillo Adame para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el término de un año, toda vez que fue encontrado responsable de no haber vigilado y supervisado el cumplimiento de la legislación laboral durante su gestión al frente de la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Coahuila.

Como se recordará, las sanciones impuestas al ex Delegado, se suman a las notificadas el mes de febrero de 2008 a Luis Raúl Sarmiento Villegas, Rogelio Fernando Aguirre Tovalín, Mario Alberto Fraga Zamarrón y Jesús Reynaldo Menchaca Medina, todos adscritos a la Delegación Federal del Trabajo en Coahuila, consistentes en la destitución de los cargos públicos que ocupaban y en la inhabilitación para ejercer encargos públicos durante un año.

Adicionalmente, se informa que la Secretaría de la Función Pública ha dado vista de todos estos expedientes a la Procuraduría General de la República, a efecto de que determine lo que en derecho proceda, de acuerdo a su competencia.