Como
se informó en septiembre de 2007, la Procuraduría
Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que tiene a su cargo
la representación legal de manera gratuita, directa y sin
intermediarios, de 55 de las 65 familias de trabajadores mineros
fallecidos en el lamentable accidente en Pasta de Conchos, obtuvo
laudos favorables de la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje (JFCA) en los juicios de reclamación de derechos
laborales y de seguridad social para beneficio de sus representados.
Como resultado de los laudos referidos, se pretende lograr, entre
otras prestaciones, que el cálculo de las pensiones de
viudez, orfandad y ascendencia, que deberá otorgar el Instituto
Mexicano del Seguro Social, se realice considerando un salario
base de 300 pesos diarios, en lugar del salario base de 110 pesos
diarios con el que los patrones (Industrial Minera México,
S. A. de C.V. y General de Hulla, S. A. de C. V.) habían
registrado a estos trabajadores ante el propio IMSS.
Asimismo, el laudo de la JFCA, de conformidad con lo establecido
en el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, condenó,
por causas inexcusables de los patrones, a pagar un monto equivalente
al 25% adicional a la indemnización que en derecho les
corresponde a los beneficiarios.
Como se recordará, las empresas promovieron un juicio de
amparo en contra de los laudos de la JFCA, habiendo obtenido la
suspensión del acto reclamado y, por lo tanto, no han sido
cubiertas a los beneficiarios de los trabajadores fallecidos ninguna
de las prestaciones legales, incluyendo el 25% adicional.
Ante este hecho, el propio Secretario del Trabajo y Previsión
Social manifestó su inconformidad por considerar que, independientemente
de que por la vía jurídica a las empresas les asistiera
el derecho de recurrir al amparo, por otra parte, para los beneficiarios
de los mineros fallecidos implicó la espera de mayor tiempo
para recibir la totalidad de los recursos que en derecho les corresponden,
por concepto de indemnización, situación que por
la magnitud de la tragedia simplemente resulta inaceptable.
Por lo anterior, el Secretario Lozano realizó gestiones
ante las empresas y, sin perjuicio de que continúen los
procedimientos legales en curso, obtuvo por escrito el compromiso
de pagar a los beneficiarios de las familias de los trabajadores
fallecidos, la cantidad total de 5’250,000.00 pesos, la
cual equivale al pago de las indemnizaciones debidas. Dicho importe
será depositado el 18 de febrero de 2008 en la JFCA para
que sea distribuido a cada beneficiario, según les corresponda
individualmente. La PROFEDET se encargará de realizar los
trámites necesarios para que de inmediato sean cubiertos
estos pagos.
Cabe mencionar que el laudo de la JFCA, aludido en el presente
boletín de prensa, se refiere exclusivamente a los asuntos
que son representados legalmente por la PROFEDET, sin embargo,
se consiguió que el beneficio mencionado el párrafo
anterior se hiciera extensivo para las 65 familias que perdieron
a un ser querido en este lamentable accidente, independientemente
de la representación legal de cada una de ellas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace
patente su solidaridad con los deudos de las víctimas del
lamentable accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006 y con estos
resultados cumple con la instrucción recibida del Presidente
Felipe Calderón, de otorgar la debida atención a
los familiares de las víctimas, en cuanto a sus legítimas
demandas y al pago puntual de las indemnizaciones que correspondan.