La Organización Internacional
del Trabajo, OIT, estima que 6,000 trabajadores mueren cada día
en el mundo a causa de accidentes y enfermedades relacionados
con el trabajo. Además, cada año se producen cerca
de 270 millones de accidentes laborales, con un mínimo
de tres días de baja laboral, y 160 millones de casos nuevos
de enfermedades profesionales. La OIT también estima que
el costo total de los accidentes y enfermedades de trabajo equivale
al 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global, o a más
de veinte veces el monto global destinado a la ayuda para el desarrollo.
En nuestro país, con base en la información
proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en
el año 2006 más de un mil 300 trabajadores perdieron
la vida; se atendieron 388 mil riesgos de trabajo, que incluyen
accidentes de trabajo y en trayecto y enfermedades profesionales,
y se perdieron más de siete millones 500 mil días
por este tipo de riesgos.
El 28 de abril de 2003, la Organización
Internacional del Trabajo, OIT, invitó a la comunidad internacional
a conmemorar el “Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo”, evento en el que participan más de
cien países, con la perspectiva de promover el derecho
de los trabajadores a un medio ambiente de trabajo seguro y saludable.
Para el año 2008, el tema central de la
celebración es “Mi vida, mi trabajo, mi trabajo en
seguridad- Gestión del riesgo en el medio laboral”.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, dentro
de la estrategia 4.2 del Objetivo número 4, determina que
la prevención de riesgos de trabajo es una de las principales
prioridades de la política laboral.
Por su parte, el Programa Sectorial de Trabajo
y Previsión Social 2007-2012 señala que es imprescindible
establecer las condiciones que aseguren el trabajo digno y con
condiciones óptimas de seguridad e higiene, mediante la
definición e instauración de políticas públicas
con el consenso de las organizaciones de trabajadores y de empleadores,
así como de los órdenes de gobierno, dependencias
e instituciones públicas con atribuciones concurrentes
en la materia.
Durante el año 2007, la Comisión
Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, COCONASHT,
organismo tripartito previsto en la Ley Federal del Trabajo, que
tiene por objeto estudiar y proponer la adopción de medidas
preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo,
sesionó en cinco ocasiones, a efecto de determinar la Política
Pública de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012.
Del diagnóstico llevado a cabo en el seno
de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, COCONASHT, se advierte que la prevención
y atención de la seguridad y salud en el trabajo en nuestro
país se caracteriza por la concurrencia de múltiples
autoridades, tanto del orden federal como estatal, con fronteras
no delimitadas claramente; un marco normativo complejo y sujeto
a contradicciones en su interpretación; la preeminencia
de las acciones correctivas, en lugar de dar mayor énfasis
a las de carácter preventivo; información limitada
y con un importante subregistro de accidentes y enfermedades de
trabajo; el desaprovechamiento de los mecanismos de consulta y
prevención de riesgos laborales que existen por mandato
de ley; los insuficientes recursos de que se dispone para la prevención,
tanto en el orden federal como en el estatal; escasos recursos
humanos especializados en la materia, y la restringida vigilancia
del cumplimiento de la normatividad por parte de la autoridad
federal y local.
La Política Pública de Seguridad
y Salud en el Trabajo 2007-2012 constituye un precedente en la
materia para nuestro país y tiene plena coincidencia con
los requerimientos del Convenio 187 de la Organización
Internacional del Trabajo, relativo al Marco Promocional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dicha política tiene por objeto contribuir
a salvaguardar la vida e integridad física de los trabajadores
y, por consiguiente, a la disminución de los accidentes
y enfermedades de trabajo, mediante:
• La conjunción de esfuerzos y recursos
de las diversas dependencias e instituciones públicas que
concurren en la protección de la seguridad y salud de los
trabajadores, a efecto de instrumentar acciones más efectivas
en la prevención y atención de riesgos laborales.
• La construcción de un marco regulatorio
en seguridad y salud en el trabajo consistente, simple y claro,
con mayor énfasis en la prevención, acorde con estándares
internacionales y que disponga de aquellos medios que contribuyan
a abatir los riesgos de trabajo.
• El impulso a la utilización de
mecanismos de auto cumplimiento y de sistemas integrales de seguridad
y salud en el trabajo que favorezcan el funcionamiento de empresas
seguras e higiénicas.
• El desarrollo de políticas públicas
sustentadas en información oportuna y confiable sobre la
ocurrencia y distribución de los accidentes y enfermedades
de trabajo, y con el consenso de las organizaciones nacionales
de trabajadores y de empleadores, así como de los órdenes
de gobierno, dependencias e instituciones públicas involucradas
en la seguridad y salud en el trabajo.
• El otorgamiento de incentivos que favorezca
la inversión para la prevención de riesgos de trabajo,
así como la obtención de apoyos presupuestarios
que aseguren la debida concurrencia de las autoridades estatales
en la aplicación y vigilancia de las normas laborales.
• El establecimiento de una cultura para
la prevención de los accidentes y enfermedades laborales
en el ámbito nacional y la formación de técnicos
y especialistas requeridos para la prevención y atención
de riesgos de trabajo, así como para el estudio, investigación
y determinación de las causas de los accidentes.
• El fortalecimiento de la vigilancia y
verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en materia de seguridad y salud en el trabajo, la adopción
de las medidas correctivas pertinentes y la aplicación
de las sanciones a que haya lugar.
Para materializar tales propósitos fueron
establecidos diversos compromisos para el presente año,
ante la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, COCONASHT, entre los que destacan los siguientes:
• La revisión del marco normativo
de dependencias e instituciones con atribuciones concurrentes
en la prevención, atención y vigilancia de la seguridad
y salud laborales.
• La actualización de la Tabla de
Enfermedades de Trabajo a que se refiere el artículo 513
de la Ley Federal del Trabajo.
• La realización de una campaña
para la promoción de la salud de los trabajadores y la
prevención de las adicciones en los centros de trabajo.
• La revisión y mejoramiento de las
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
• La emisión de normas oficiales
mexicanas para sectores de alto riesgo, como es el caso de las
minas subterráneas de carbón.
• El desarrollo de apoyos informáticos
para facilitar a sujetos obligados la observancia de las normas
oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo.
• La suscripción de convenios con
cámaras y asociaciones de industrias de alto riesgo para
la incorporación de sus agremiados al Programa de Autogestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo.
• El intercambio de información sobre
riesgos de trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
• La creación del portal electrónico
para las Comisiones Consultivas Nacional y Estatales y del Distrito
Federal de Seguridad e Higiene en el trabajo, a fin de transparentar
su funcionamiento.
• La revisión de los instrumentos
de política pública para estimular la inversión
en la prevención de riesgos laborales.
• La creación de carreras técnicas,
así como de diversos diplomados en seguridad y salud en
el trabajo, con el objeto de impulsar la formación de técnicos
y especialistas en la materia.
• La alineación de los procedimientos
que aplica la Inspección Federal del Trabajo con los procedimientos
para la evaluación de la conformidad de las normas oficiales
mexicanas para homologar y transparentar los procesos de verificación
del cumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud en el
trabajo, a efecto de dar certeza jurídica a los sujetos
obligados.
• La ampliación de la plantilla de
inspectores y dictaminadores federales del trabajo para fortalecer
la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales.
Los riesgos laborales que tienen lugar en el mundo,
y en particular los de nuestro país, exigen un compromiso
gubernamental para fortalecer la seguridad y la salud en el trabajo,
así como la participación decidida de las organizaciones
de trabajadores y de empleadores, pero también de la sociedad
civil, desde donde habrá de edificarse una cultura nacional
de prevención.