México - Secretaría del Trabajo y Previsión Social

• La suma de esfuerzos de ambas instituciones podría alentar una reforma laboral con sentido humano, afirmó el titular del CONAPRED Gilberto Rincón Gallardo

• Las instituciones públicas están obligadas a velar por las personas que son víctimas de exclusión, destacó el Secretario del Trabajo Javier Lozano Alarcón

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), firmaron hoy un convenio de colaboración para enfrentar y resolver la problemática de la discriminación que se presenta en el mercado de trabajo.

De acuerdo con la Primera Encuesta sobre Discriminación en México, realizada en 2005 por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el CONAPRED, en promedio nueve de cada diez personas opina que existe discriminación por su condición, también consideran que el principal derecho que perciben como no respetado es el derecho al trabajo. La población principalmente afectada por este hecho son las mujeres, personas con discapacidad, indígenas, homosexuales, personas adultas mayores y pertenecientes a minorías religiosas.

Durante la firma del convenio, efectuada en la sede del CONAPRED, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, subrayó la necesidad de que toda persona sin distinción debe tener derecho a un trabajo en condiciones dignas y decentes. A su vez, el titular del Consejo, Gilberto Rincón Gallardo, confió en que la suma de esfuerzos entre ambas instituciones sea referente para alentar una reforma laboral con sentido humano.

En su intervención, Lozano Alarcón lamentó que aún y cuando el principio de igualdad se encuentra previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, persiste un esquema de inequidades y discriminación en el trabajo hacia las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las que viven con VIH/Sida.

Tareas a realizar

Para la STPS es fundamental una política laboral que promueva el respeto a su dignidad, a sus derechos humanos, sociales y políticos; una política que garantice el acceso equitativo a la vida productiva y a mejores oportunidades de desarrollo.

Por ello, enfatizó, las instituciones públicas están obligadas a velar por aquellas personas que son víctimas de exclusión, así como asegurar el goce y ejercicio de las garantías constitucionales.

El convenio de colaboración entre la STPS y el CONAPRED busca desarrollar acciones para incorporar la igualdad de oportunidades y no discriminación en el ámbito laboral.

La STPS en coordinación con el CONAPRED y otras instancias de sectores públicos y privados elaborarán una Norma Mexicana para la Igualdad Laboral que incorpore políticas y prácticas de igualdad entre mujeres y hombres, así como de inclusión laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, que permita certificar el respeto de los mínimos laborales relativos a la libertad, la equidad, la igualdad, la accesibilidad, la previsión social y un clima laboral favorable.

Se elaborará el Programa nacional de trabajo y capacitación para personas con discapacidad, que se encuentra establecido como una obligación en la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La STPS desarrollará un Índice de Vulnerabilidad Laboral con representación a nivel estatal, que pondrá a disposición el CONAPRED para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas focalizadas, que promuevan la inclusión laboral y combatan la discriminación en el ámbito del trabajo.

Señaló también, que a través del Programa Empresa Incluyente, Abriendo Espacios y el Portal del Empleo, se tiene proyectado que para este año se duplique el número de personas en situación de vulnerabilidad laboral que se integren al sector productivo a través de un empleo.

El convenio que se firma permitirá avanzar en la toma de conciencia, compromiso, defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas.

Otros alcances del convenio

Por su parte, Rincón Gallardo destacó que el convenio allanará el camino para la ejecución del Programa Nacional para Prevenir la Discriminación 2008-2012, que actualmente elabora el Consejo y que habrá de aplicar en todas las dependencias de la administración pública federal.

Celebró la disposición de Lozano Alarcón para tener un lugar de vanguardia en la lucha institucional contra la discriminación y destacó que la colaboración de una instancia estratégica como la Secretaría del Trabajo en ese cometido será altamente significativa y permitirá obtener alcances mayores.

El presidente del Consejo refirió que existen espacios donde la discriminación se enraiza con mayor rigor y en los que sus consecuencias son más funestas, restringiendo derechos fundamentales y cancelando oportunidades de desarrollo a personas y colectivos sociales enteros en razón de tener ciertos atributos y rasgos que socialmente han sido estigmatizados.

En ese sentido abundó que espacios como el empleo, la salud, el acceso a la justicia y la educación, que son espacios dignificadores de la persona, pueden llegar a ser terreno fértil para el menosprecio, la falta de oportunidades y la violación de derechos fundamentales, donde la discriminación se hace presente de manera recurrente, estrechando las posibilidades, expectativas y calidad de vida de millones de personas.

Es por eso, dijo, que el Estado debe poner atención en eliminar cualquier práctica discriminatoria, pero sobre todo en los ámbitos referidos que representan el vehículo para que las personas tengan una mejor calidad de vida y efectivas condiciones de igualdad en derechos, trato y oportunidades.