Con el objeto de atender el problema derivado de las recientes
medidas de obstrucción para que terceros contratistas puedan
ingresar a la mina de Cananea, por parte de miembros del Sindicato
Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares
de la República Mexicana (Sindicato Minero), y con el propósito
de evitar que se escale esta problemática, el Lic. Javier
Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión
Social, convocó a representantes del Sindicato Minero,
de la empresa Mexicana de Cananea, S.A. de C.V. y autoridades
del Gobierno del Estado de Sonora y del Municipio de Cananea,
con quienes en esta fecha realizó reuniones por separado.
La problemática
consiste en que la empresa ha contratado a terceros para realizar
trabajos en la mina, sin apegarse a lo dispuesto por el artículo
353 del Contrato Colectivo de Trabajo que, en su parte sustancial,
establece como requisito previo, que la empresa deberá
solicitar por escrito la celebración de un convenio con
el Sindicato, a efecto de que los empresarios contratistas puedan
realizar aquellos trabajos que no corresponde llevar a cabo al
personal sindicalizado. Lo anterior, con independencia de los
avisos que, en su caso, la empresa haya dado al sindicato respecto
a trabajos que no correspondan a la operación normal de
la planta.
De acuerdo
a lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social ha considerado que, en respeto a la suspensión definitiva
concedida por el juez del conocimiento, el Sindicato Minero no
debe impedir el ingreso de trabajadores huelguistas o no huelguistas
que voluntariamente deseen regresar al trabajo, y, al mismo tiempo,
considera que en tanto no se resuelva el fondo del amparo, en
virtud del cual se determinará la existencia o inexistencia
legal del movimiento de huelga en la unidad minera de Cananea,
o se celebre un convenio en la materia, es pertinente que la empresa
se abstenga de contratar a terceros para trabajos que no correspondan
a las labores que habitualmente realiza personal sindicalizado.
Cabe señalar
que esta posición fue respaldada por los representantes
de las autoridades estatales y municipales asistentes.