Desde el primer día de la presente administración y por instrucciones precisas del Presidente Felipe Calderón, la política laboral que conduce la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ha basado en la promoción de inversiones a partir de una economía cada vez más competitiva, que genere más empleos de calidad en la economía formal y que permita construir relaciones laborales basadas en la productividad y en una más equitativa distribución del producto del trabajo.

Asimismo, se ha privilegiado la conciliación de intereses entre los factores de la producción en las revisiones contractuales, salariales y en la atención de los conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral.

De igual manera y no obstante la necesidad de modernizar la legislación laboral para facilitar el acceso de más jóvenes, mujeres y adultos mayores al mercado de trabajo en México, se ha puesto un especial énfasis en los procesos de procuración e impartición de justicia laboral, y en la aplicación estricta de la ley para la atención de los diversos temas propios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En este contexto, destaca el pleno respeto que, en todo momento, se ha expresado y practicado hacia los derechos fundamentales y colectivos de los trabajadores, plasmados en el artículo 123 Constitucional, a saber: la contratación colectiva del trabajo, la libertad y autonomía sindical, y el derecho de huelga.

Un aspecto que ha merecido la atención prioritaria de diversas dependencias del Ejecutivo Federal, encabezadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es el relativo al tema de los jornaleros agrícolas migrantes, grupo vulnerable que, hasta ahora, no ha contado con las condiciones básicas de seguridad y previsión social, ni de seguridad e higiene necesarias. Las facultades de diversos ámbitos de gobierno son concurrentes y difusas, lo cual ha impedido el desarrollo y bienestar integral de estos trabajadores y de sus familias.

Asimismo, se ha avanzado como nunca antes en cuanto a transparencia se refiere, en el manejo de la información pública que obra en poder de las autoridades laborales, a fin de que, sin perjuicio del citado respeto a la autonomía sindical, se privilegie la libertad de los trabajadores de asociarse y decidir, de una manera libre, informada y consciente, sobre la mejor manera de defender sus legítimos derechos e intereses.

De igual forma, se ha puesto un especial énfasis en los programas y procesos de capacitación en y para el trabajo, por considerarlo parte esencial de una renovada cultura laboral que premie la preparación y la productividad en un contexto cada vez más competitivo.

Destaca, de otra parte, el especial énfasis que se ha puesto para facilitar el acceso a los trabajadores y sus familias a la Sociedad de la Información y del Conocimiento, mediante esquemas que permitan la búsqueda y oferta de empleo, de información estadística sobre el trabajo, y la vinculación necesaria entre la educación superior, la preparación técnica y el aparato productivo. En este contexto, se concretaron programas de financiamiento a precios preferenciales para adquirir paquetes que incluyen una computadora personal, Internet en banda ancha y canales de televisión de paga a quienes participan del crédito Fonacot.

A partir del diálogo permanente con los distintos sectores productivos y con base en agendas comunes, es posible avanzar en la construcción de un sector laboral fortalecido y competitivo, que premie la productividad sin perjuicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Se trata de avanzar en la creación de condiciones óptimas para atraer más inversiones en el largo plazo que generen las fuentes de empleo que año con año necesita el país en la economía formal y con plenitud en el acceso a la seguridad y a la previsión sociales.

Es así que, al 31 de julio de 2007, se han creado cerca de 540 mil empleos formales, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del inicio de las últimas cuatro administraciones, mientras que el número de asegurados permanentes y eventuales urbanos en el Instituto Mexicano del Seguro Social se situó en 14 505 483, con lo cual alcanzó su máximo histórico.

La tasa de desocupación en junio de 2007 fue de 3.26 por ciento, menor en siete centésimas de punto porcentual que la observada en el mismo mes del año anterior, es decir, 3.33 por ciento. Cabe señalar que esta tasa se sitúa por debajo de las tasas de desocupación observadas por diversos países que son socios comerciales de México e, incluso, del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

No obstante lo anterior y a pesar de estos indicadores sobre creación de empleo y desocupación, prevalecen retos estructurales que ameritan todo el esfuerzo, dedicación y coordinación de la Administración Pública Federal, de los gobiernos locales y municipales y de los sectores productivos. En efecto, se aprecia un creciente número de empleos temporales, un número aun muy importante de trabajadores en la economía informal, una tasa de desempleo mayor en jóvenes y mujeres, así como desequilibrios regionales en cuanto a crecimiento económico, generación de empleos y desocupación.

En tal virtud y como parte de ese esfuerzo integral se ha dado un decidido impulso al Servicio Nacional de Empleo lo cual ha permitido que, desde los distintos programas que lo componen, de enero a julio de 2007, se hayan logrado colocar a 363 448 personas en un empleo formal.

Adicionalmente, se está desarrollando, por instrucciones del Presidente de la República, un Portal del Empleo, herramienta indispensable en la vida laboral del México contemporáneo, el cual constituirá una ventanilla única, virtual y permanente de encuentro entre la oferta y la demanda de empleo y en el que se concentrarán en un solo portal de Internet, las oportunidades de trabajo que se presenten en el país, en todos los sectores y ramas de la economía, tanto del sector privado como de los tres órdenes de gobierno.

Los objetivos, estrategias, líneas de acción y resultados observados hasta la fecha en el sector laboral deben entenderse como parte integral del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que formuló el Presidente Felipe Calderón. Su directriz da rumbo y certidumbre. Y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde coordinar los esfuerzos de todos quienes, de una u otra forma, tienen una responsabilidad para con el desarrollo armónico del trabajo digno, con la paz laboral y la justicia social.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social mantendrá pues, con toda firmeza y transparencia, su labor cotidiana y su visión de largo aliento, guiado siempre en ese documento rector y con base en los tres ejes ya señalados: promoción, conciliación y legalidad.

México, D.F., septiembre de 2007
El Secretario del Trabajo y Previsión Social
Javier Lozano Alarcón