ACUERDO
NACIONAL PARA LA PRODUCTIVIDAD LABORAL |
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DECÁLOGO |
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La productividad laboral incide significativamente en mayor competitividad de las empresas y la economía nacional, así como en la conservación y creación de empleos y, como consecuencia, en bienestar de los trabajadores. Por ello trabajadores, sindicatos y los patrones deben acordar libremente
la voluntad y el compromiso de promover la productividad laboral en
cada centro de trabajo. La coordinación y alianzas entre los
diferentes actores sociales es una relación estratégica
de compromiso, que promueve la igualdad de oportunidades en el crecimiento,
diversificación y competitividad en el mercado laboral. Trabajadores, sindicatos y patrones deben medir la productividad laboral, para identificar la aportación de los trabajadores a la generación de valor adicional. Para lo anterior, se pactarán objetivos, metas e indicadores
claros y medibles que permitan cuantificar el desempeño individual
y/o de equipos de trabajo, mismos que podrán ser revisados para
adecuarse a los factores internos de la empresa y a las necesidades
cambiantes del mercado en que la empresa participa. Cuando los trabajadores reciben incentivos por mejorar la productividad,
todos ganamos. El esquema de productividad deberá permitir el
reparto proporcional entre la empresa y los trabajadores, respecto de
los beneficios económicos que se produzcan, considerando el resultado
del desempeño individual y/o de equipo al exceder los estándares
mínimos y metas fijados conjuntamente entre el patrón,
sindicato y/o trabajadores. La concientización hacia una mejora continua en los procesos
productivos asegurará una adaptación al cambio que implique
altos rendimientos en la fuerza productiva de los sectores. Esta mejora
deberá atender temas como la previsión social universal
para los trabajadores, la importancia y los beneficios de la formalidad
del empleo, de tal manera que se vaya transformando la cultura del trabajo
hacia la productividad. El desarrollo científico, la adopción y la innovación
tecnológica constituyen una de las principales fuerzas motrices
del crecimiento económico y del bienestar material de las sociedades
modernas. Las empresas innovan para mantener y mejorar su productividad
y competitividad, para así mejorar la calidad de vida de los
trabajadores. La generación de acciones de mejora, implican la
utilización de metodologías y técnicas específicas
que permiten la trazabilidad y consecuente medición de las actividades. La protección social como objetivo de las políticas sociales y como marco jurídico consagrado en las principales declaraciones de derechos fundamentales de la persona humana puede considerarse como un elemento esencial del Trabajo Digno. Se trata de facilitar el acceso a todos los trabajadores, de las prerrogativas
esenciales a niveles mínimos de seguridad contra contingencias
como las enfermedades, los riesgos de trabajo, y en definitiva, la exclusión
social. La protección social presenta un horizonte más
amplio que la seguridad social, a pesar de que ésta sea uno de
sus elementos consustanciales básicos. Puede definirse como "una
intervención colectiva de la sociedad a fin de proteger a sus
ciudadanos de diversos riesgos y vulnerabilidades, mantener su bienestar
y aumentar su capacidad de hacer frente a los riesgos". En un mundo de intensa competitividad internacional y una economía
global regida por el conocimiento, resulta indispensable incrementar
las habilidades y calificación de los trabajadores, directivos
y empresarios, la certificación de las competencias laborales,
como estrategia para elevar su empleabilidad, la productividad de las
empresas y la competitividad del país. El esfuerzo de dotar a
los trabajadores con las herramientas necesarias, información,
entrenamiento y tecnología, se verá compensado en el rendimiento
y desarrollo de los procesos productivos. El esfuerzo por mejorar la productividad no puede depender de la productividad
relativa, necesita depender de los esfuerzos encaminados a salvar todos
los recursos naturales. Es necesario plantear siempre la mejora tecnológica
de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que
es afectado por la actividad humana. El diálogo social es un instrumento importante para lograr unas relaciones laborales armónicas, definir los términos y condiciones del empleo, mejorar los resultados empresariales, abordar las cuestiones ligadas a la productividad, configurar el entorno laboral, mejorar la satisfacción en el trabajo, instaurar un entorno laboral seguro. Para que exista el diálogo social se requiere de la participación
de organizaciones de trabajadores y de empleadores; la voluntad política
y el compromiso de las partes interesadas; el respeto de la libertad
sindical y la negociación colectiva; y un apoyo institucional
adecuado. Un marco de armonía laboral, contribuye al aumento
de la productividad. Muchos derechos básicos contenidos en las normas internacionales del trabajo relativas a la libertad sindical, la negociación colectiva, la no discriminación, y la lucha contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil suelen ser objeto de infracciones notorias particularmente en el sector informal. Estas consideraciones han llevado a muchos observadores a sugerir que se amplíe el campo de aplicación de las normas laborales y de la legislación del trabajo, a fin de abarcar al sector informal según una metodología gradual y selectiva. Esto podría implicar en un comienzo, la atención prioritaria a las normas fundamentales del trabajo para, partiendo de esta base, esforzarse por ampliar progresivamente el cumplimiento de la legislación sobre salarios mínimos, las normas sobre salud y seguridad, y otros temas, en un marco de responsabilidad social compartida.
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